Por una Ciudad transparente, justa y sustentable.

Marco Legal

Existe abundante legislación a nivel internacional y a nivel local, lo cual otorga un marco adecuado para la generación de proyectos de promoción de la transparencia y la lucha anti-corrupción.

En primer lugar, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) sancionada en octubre de 2003 y aprobada por la Argentina en el año 2006 prevé en su artículo 5.1º que: Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Además la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), creada en septiembre de 2011 y que abarca más de 60 países, incentiva y obliga a los gobiernos a tomar una actitud proactiva en relación a la publicidad de los datos públicos. La Argentina se ha adherido a esta iniciativa a fines del año 2013.

Nuestra Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 1, 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo —que establece nuevos Derechos y Garantías— y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Por su parte el Decreto Nacional 1172/03 firmado por el Ex Presidente Néstor Kirchner obliga a toda la administración pública a permitir el acceso a la información obrante en toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el poder ejecutivo o que obre en su poder o bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.

A nivel de la Provincia de Misiones la Ley de acceso a la información pública Ley IV Nº 58[1] establece la obligatoriedad de todos los organismos del gobierno de brindar información completa, adecuada, oportuna y veraz. La Ciudad de Posadas se ha adherido a esa ley a través de la Ordenanza VII – Nº 6 (Antes Ordenanza 3044/12, publicado en el B.O. 30/06/2014).

 

[1] Sancionada del 7 de Junio de 2012 con el voto positivo de los 37 diputados presentes en la Cámara de Diputados de Misiones (unanimidad), promulgada el 22 de Junio del mismo año (B.O. 13.262) y reglamentada por el Decreto 846 del 29/06/2012 (B.O. 13.268).